El 29 de octubre del año 2013 se promulgaba la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal. Esta Ley tiene como objeto establecer reglas generales de comportamiento fiscal orientadas a la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta manera, su principio general es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. En el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Fiscal se establece -entre otros puntos- que el déficit fiscal no podrá exceder el 1,5% del Producto Interno Bruto estimado para el año. Así mismo, se establece que el incremento anual del gasto corriente primario del Sector Público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4%
La promulgación de esta Ley marcó un hito en el fortalecimiento del marco legal para la gestión fiscal en el país. A lo largo de los años se han generado resultados positivos en términos de la gestión de las finanzas públicas; el déficit fiscal se ha reducido y la deuda pública ha logrado estabilizarse, fortaleciéndose así la posición del país frente a los mercados financieros. En general, gracias a esta legislación, la percepción de la transparencia y gobernanza fiscal en el país se han visto mejoradas, permitiendo un entorno más adecuado para la generación de inversiones y un crecimiento económico más sostenible.
No obstante, pese a buscar establecer una disciplina fiscal a largo plazo, transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza en el manejo de los recursos estatales; la Ley de Responsabilidad Fiscal no está exenta a críticas. El argumento de que los límites al gasto pueden restringir la capacidad de inversión en sectores clave ha tomado fuerza en los últimos años. Con respecto a cuestionamientos, se resalta que la legislación necesita fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
El Gobierno ha identificado que la mejora continua en la gestión de las finanzas públicas puede contribuir a abordar estos desafíos y otros para encauzar al país en una senda de desarrollo sostenible; en ese sentido ha completado -en conjunto con el BID- un préstamo de reforma de políticas en compromiso con la estabilidad macroeconómica. Esta iniciativa impulsó la aprobación de otras siete leyes que tienen como objetivo consolidar el marco macro fiscal, fortalecer la política y gestión tributaria y mejorar la gestión del gasto público. Así mismo, se han trabajo en otras medidas que buscan mejorar la equidad, eficiencia y transparencia del sistema tributario. En particular, se ha trabajado en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Facturación Electrónica y en la creación de una Comisión Técnica Económica Tributaria que trabaja en lineamientos estratégicos para la discusión de la ley de modernización y simplificación tributaria.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo se advierte que los principales desafíos a futuro incluyen restablecer las reglas fiscales para volver a la trayectoria de sostenibilidad en el manejo de las finanzas públicas. No obstante, se destaca que las Inversiones en finanzas públicas para el desarrollo sostenible aporta recursos al Ministerio de Hacienda para completar la implementación de sus programas y expandir el alcance de los mismos. En suma, el desempeño socioeconómico del país es un claro ejemplo de los beneficios generados por una gestión fiscal responsable y demuestra la importancia de tener un compromiso de largo plazo con la estabilidad macroeconómica y la modernización de la gestión fiscal.
Referencias bibliográficas
Ley N° 5098 / De Responsabilidad Fiscal
Paraguay: compromiso con la mejora de sus finanzas públicas como pilar para su desarrollo sostenible
