Industria avícola y sus trabajadores, en peligro, advierte la UIP

El Ing. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), recibió en la tarde de este martes a Gustavo Koo, director de Las Tacuaras, grupo empresarial que desde hace varios días enfrenta la ocupación por un grupo de familias de un terreno colindante a su establecimiento avícola en Villeta, comprometiendo la bioseguridad del lugar. El titular de la UIP lamentó la falta de protección a la inversión industrial y generadora de empleo.

Preocupados por la falta de respuesta a la problemática que genera la ocupación de un terreno colindante con una industria del Grupo Las Tacuaras en la ciudad de Villeta, sus autoridades se reunieron con el Presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. Enrique Duarte. Resulta que el terreno pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, pero se encuentra en una zona no apta para asentamientos humanos.

El Ing. Duarte se solidarizó con Gustavo Koo, Presidente de Las Tacuaras, por lo que consideró un nuevo embate contra esta industria, que ya se encuentra bastante golpeada por otros problemas transversales, como por ejemplo el contrabando.

El establecimiento del grupo Las Tacuaras, a través de su marca “Nutrihuevos”, se encuentra ubicado en la ciudad de Villeta desde el año 1997, cuando después de haber estado funcionando en San Lorenzo, se mudó a Villeta justamente para evitar las zonas urbanas. No obstante, en las últimas semanas varias familias se han instalado en el predio que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, colindante a su industria en Villeta, y cuya adquisición se encontraban tramitando.

El Presidente del Grupo Las Tacuaras comentó que la propiedad iba a ser adquirida a través de una permuta, en cuyo marco, el grupo ofreció al Estado otros inmuebles, que a diferencia del ahora ocupado, sí se encuentran en zona urbana. En medio de eso, se produjo esta ocupación que también representa una presión al Ministerio de Desarrollo Social, según comentó

“La propuesta es que los pobladores puedan residir en un espacio integrado con la comunidad, y donde estén garantizados los servicios básicos: luz, agua, acceso cercano a escuelas, hospitales, supermercados, medios de transporte, espacios de recreación (plazas), etc”, explicó Koo.

Añadió que esta propuesta representa además una contribución del grupo a la formación de ciudades planificadas que sí cuenten con un ordenamiento territorial, pues en contrapartida las industrias necesitan un espacio de amortiguamiento por su propia naturaleza y bioseguridad.

No menos importante es que desde la Municipalidad de Villeta también se estaba impulsando un plan de reasentamiento de otro grupo de familias dentro del predio en cuestión, supuestamente en desconocimiento de la intención de permutarse el inmueble. Esto significa que una vez desocupado por el grupo actual, el inmueble podría ser tomado por otro.

Apoyo de la UIP

“Como Unión Industrial Paraguaya (UIP) identificamos dos problemas fundamentales en este tema: la total desconexión de los programas gubernamentales entre sí, y la falta de una adecuada protección a la inversión industrial”, expresó preocupado el Presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. Enrique Duarte.

Agregó que “a esta altura, en que nos encontramos ante la evidencia de que solo con empleo formal reduciremos la pobreza, la inversión industrial debería ser protegida y alentada”. Añadió que consideran inadmisible que el Gobierno permita la instalación de un asentamiento en una zona donde la bioseguridad para el tratamiento de alimentos es fundamental, y donde existe una apuesta importantísima en materia de inversión, para la promoción de empleo formal.

Exhortó al Gobierno a que sus ministerios trabajen de manera coordinada “para que el avance en un objetivo no menoscabe otro”.

Finalmente, destacó que mucho antes de que esta ocupación se produjera, el grupo industrial Las Tacuaras avizoró la necesidad de proteger la inversión y la bioseguridad de su establecimiento en Villeta, razón por la cual ofreció adquirirlo a través de la permuta con otros inmuebles. Añadió que el Gobierno tiene la obligación de proteger la industria y el empleo, todavía más en un momento de estancamiento económico como el que se vive, y que una vez liberada la finca, se debería asegurar que no sea ocupada de vuelta.