Comunicado: «La derrota del empleo y la formalidad»
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) desea manifestar su rechazo rotundo al veto a la Ley «que modifica el Art. 2° de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas». Esta ley había sido aprobada en ambas cámaras del Congreso, y con esta decisión del Ejecutivo, impulsada por el Equipo Económico, se refuerza la idea de que estos dos últimos no tienen interés en promover políticas públicas de desarrollo industrial, lo que seguirá evitando la generación de más empleos, permitiendo que se mantengan los altísimos índices de informalidad. Recordemos que en todos los países el presupuesto público es la principal herramienta de política pública y los Estados otorgan preferencias en sus adquisiciones, en mayor o menor medida a la industria local para desarrollarla y mejorar los niveles de competitividad y empleo. Lamentablemente, desde un principio, la máxima autoridad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) omitió estos elementos claves, mostrándose funcional a los detractores de la industria local en este debate, e invocando argumentos falaces. Respecto a la supuesta defensa de la libre concurrencia que consagra el Artículo 107 de la Constitución Nacional, y que el Ejecutivo invocó para justificar el veto, y así asegurar supuestamente la igualdad de oportunidades, nos preguntamos, ¿Es igualdad de oportunidades importar manufacturas extranjeras protegidas por sus gobiernos para competir con una industria local que, a su vez, debe importar materias primas para producir a precios que no podrán competir con los productos extranjeros? En cuanto a los acuerdos internacionales, la invocación de estos para vetar la ley, constituye un insulto a la inteligencia, puesto que los mismos ni siquiera se encuentran aún vigentes, como es el caso del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur o el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En última instancia, corresponde a nuestras autoridades proteger el empleo nacional, por encima de cualquier acuerdo internacional que no ha sido homologado, y que en el caso de que sí entrara en vigencia, por una cuestión de orden de prelación dejaría derogadas disposiciones contrarias. Finalmente, frente a la falacia de que aumentar el margen de preferencia supondría automáticamente un aumento en los precios ofertados, esto puede desmitificarse observando la experiencia en la adjudicación a proveedores locales que compitieron y se acogieron al margen de preferencia actual, sin que por ello haya existido un sobreprecio, según se puede constatar en un informe producido por la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas este mismo año. La decisión de vetar la ley no hace sino evidenciar el rezago que tiene y seguirá teniendo la industria local, dejándola sin posibilidades de competir en condiciones equitativas.
