Pronunciamiento institucional de FEPRINCO: Absoluto rechazo a proyectos de leyes que atentan contra sectores productivos
Los gremios aquí representados manifestamos nuestra preocupación ante la presentación de dos proyectos de leyes que responden a una directa injerencia política en la dinámica del sector de la agroindustria, hecho que rechazamos rotundamente.
En el primer caso, se trata del proyecto “QUE PRORROGA VENCIMIENTO POR UN AÑO Y PROHÍBE APLICACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS A OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ENTREGA DE GRANOS DE LA ZAFRA 2021/2022”, y en el segundo, el proyecto “QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE REGALÍAS POR EVENTOS GENÉTICOS O BIOTECNOLÓGICOS EN SOJA PROTEGIDOS POR PATENTES DE INVENCIÓN”.
En ambos casos nos oponemos a la intromisión a las relaciones contractuales que están regidas por el derecho privado, so pretexto del mal desempeño de la producción de granos, acaecido tras la última sequía. En ese marco, se debe recordar que el sector de la agroindustria está igualmente afectado como el de la producción de granos, y que estos proyectos, además de la referida intromisión, representarán una desventaja desmedida para el sector que industrializa la materia prima, y cuyo desempeño se debería precautelar.
La seguridad jurídica que ha primado desde siempre en las relaciones contractuales entre productores, acopiadores, agroexportadores e industrializadores de los granos, es lo que ha permitido que incluso en el año de peor desempeño del sector, las partes hayan podido renegociar sus contratos con soluciones previstas dentro de los mismos acuerdos, y que mal podrían ahora estos proyectos en referencia tratar de incidir, sin afectar la seguridad jurídica en torno a todo el sector del agro en Paraguay, el cual sustenta gran parte de la economía.
Exhortamos a los legisladores a rechazar ambos proyectos, que, como ya manifestamos, afectan relaciones contractuales de carácter privado, interfiriendo incluso en los derechos de propiedad intelectual de una de las partes, afectando la seguridad jurídica y el clima de negocios, muy necesarios para la recuperación económica del país.